Procesados por el delito de trata de personas

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Suceso ocurrido el: 04/09/2012

Son la dueña de la wiskería Nautilus, el hombre de seguridad y la encargada. Las víctimas son tres jóvenes dominicanas que eran explotadas sexualmente -junto a otras 4 mujeres- en un departamento ubicado en la zona del Puerto

Una denuncia anónima a la línea Malva 108, que fue derivada a la Justicia Federal, dio inicio a las investigaciones. Luego llegaron los allanamientos: se logró constatar que tres jóvenes dominicanas eran víctimas de trata y otras cuatro mujeres eran sometidas sexualmente en la wiskería situada en 12 de Octubre al 3200. La semana pasada el juez Santiago Inchausti, dictó el procesamiento de tres personas: la dueña del local, la encargada y el encargado de seguridad del lugar.

La labor de la Justicia permitió constatar que en Nautilus entre 10 y 15 mujeres eran explotadas, y cumplían con los denominados “pases” en un departamento ubicado en Bermejo al 100, a unos 250 metros del local, también propiedad de la titular del prostíbulo. En la mayoría de los casos, eran acompañadas por personal de seguridad.

Al menos tres víctimas, además, vivían en un departamento situado a algunos metros del bar “en condiciones de hacinamiento y falta de debida higiene”, que era propiedad de la misma mujer que las explotaba.

Las tareas de inteligencia, el trabajo de la Oficina de Rescate y los testimonios de las víctimas permitieron visibilizar las “condiciones objetivas de vulnerabilidad”: falta de instrucción, necesidades económicas que las llevaron a ejercer la prostitución, familiares a cargo, lejanía de su núcleo familiar y social, situación migratoria irregular, sometimiento al adoctrinamiento y control de los responsables del local nocturno, alojarse y trabajar para los mismos dueños.

En estos casos, contempla el escrito judicial que la supuesta “voluntad” “no implica la ausencia de indicadores de trata, sino la presencia de otros medios comisivos como abuso de autoridad, amenazas o violencia que, a lo largo de un tiempo, pudieron generar en las mujeres la idea de estar por su propia decisión en el lugar cuando, en verdad, ese es un efecto de la explotación misma a lo largo de muchos años y de no tener una salida mejor a su situación desgraciada”.

Inchausti comprendió que “la situación de vulnerabilidad en que se encontraban en su país de origen resultó el motivo por el cual aceptaron trabajar en la prostitución y en las condiciones que se imponían en Nautilus, pues necesitaban dinero para la crianza de sus hijos, o la colaboración en la manutención de sus familias, de condición sumamente humilde en la mayoría de los casos”.

Más allá de esto, se acreditaron prima facie otros tipos de mecanismos de sometimiento o intimidación que las víctimas mencionaron en sus declaraciones: “Por un lado, datos precisos acordados previamente respecto cómo debía ser su funcionamiento dentro del bar o el horario a cumplir aunque no hubiera clientes”. Como también las mujeres indicaron que se les aplicaban multas por faltar a su trabajo, se les hacía descuentos por los preservativos que usaban, por el cable que tenían en el departamento y no tenían control alguno sobre las copas o pases que realizaban, es decir, cobraban lo que los encargados de la explotación sexual les decían que habían ganado. Como dato extra, las víctimas eran controladas en la wiskería por cámaras de seguridad que la dueña seguía desde su departamento situado en Alem casi Juan B. Justo.

Con respecto al dinero que presuntamente ganaban, quedó constatado que no tenían prácticamente nada en sus carteras y que en el departamento donde vivían no se encontró suma alguna. “Ellas no tenían ningún dinero en su poder y el que recibirían lo entregaban a una persona en común (dueño del local Machu Pichu presuntamente situado en una galería céntrica), no habiéndose secuestrado constancia alguna que lo verifique ni constancia que lo acredite”.

El pasado 10 de agosto se realizaron los allanamientos simultáneos: en el bar, el departamento donde se hacían los pases y la casa de la titular de ambos lugares. En el procedimiento intervino personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria, con la asistencia de personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por el delito de Trata de personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Como resultado tres personas fueron detenidas y actualmente están procesadas por los delitos de trata de personas, la explotación económica de la prostitución ajena, la facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país y el sostenimiento de una casa de tolerancia o prostíbulo, prohibido por ley 12.331. La mujer como presunta coautora y los otros dos, como partícipes necesarios.

FALTA DE LIBERTAD

De acuerdo al Informe del Comité especial encargado de elaborar una Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, abuso de una situación de vulnerabilidad implica “toda situación en que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata”.

En relación a este caso, Inchausti reparó: “Una vez que llegaron al local nocturno, la situación de vulnerabilidad se acrecentó por la condición migratoria irregular, la distancia del país de origen y la familia, la falta de dinero y un lugar de alojamiento, los temores infundados que las mantenían sin salir a la ciudad”.

Por esto, explicó, “no tendrían más remedio que someterse a la voluntad de los encartados si querían cobrar la plata; es decir, no podían decidir irse sin antes cobrar, y con ello se les limitaba el margen de libertad”.

El magistrado remarcó que “no tenían dinero en su poder ni tampoco tenían capacidad de ahorro alguno ya que todo lo percibido lo remitían supuestamente a su lugar de origen”.

A partir de ello -remarcó- “no era necesario en varias de las víctimas ejercer ningún tipo de violencia física o amenaza, pues los encartados sabían que difícilmente podrían abandonar el negocio sin dinero y a miles de kilómetro de su hogar”.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Tareas de inteligencia permitieron saber que la dueña del supuesto “comercio”, donde las mujeres parecen ser mercancías, en diálogos telefónicos con amigos y familiares refiere “la necesidad de bajar los precios de los productos y servicios que ofrece a fin de captar más clientes haciendo mención a la problemática del puerto local”.

Incluso, se conoció que en julio, la encargada del lugar le comentó a la dueña: “Por ser un domingo choteli, de huelga como quien diría, te quedaron setecientos setenta y dos pesos a parte de lo que te pagan las chicas la casa” y, en la misma conversación le señaló: “…Así que ya puse para descontarle cincuenta mangos (…) si no llega a venir hoy le digo a D., le digo se lo descontarás mañana, hoy se lo descuento yo si viene a la noche y si no mañana”. A lo que la mujer respondió: “Las medidas son así y listo”. Según quedó demostrado por testimonios de las víctimas, se les descontaban 50 pesos si un día no asistían al bar.

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